La ley del menor,el amparo de asesinos.

Dicen que no hay mayor desgracia que la muerte de un hijo. Por ley natural, son los hijos lo que deben enterrar a los padres, no al contrario. Sin embargo, ya sea por situaciones inevitables, como accidentes o enfermedades, o por la intervención de la maldad del ser humano, todos los días se producen injusticias de este tipo.
　
La maldad del ser humano debe ser castigada, qué duda cabe, pero en nuestro país es un hecho cuestionable, sobre todo para los menores de edad, que lejos de ser juzgados en consonancia con los delitos cometidos, se amparan en este derecho para cometer crímenes atroces con la tranquilidad de no ser juzgados como deberían.

La ley del menor ha sido durante muchos años un tema espinoso e indignante para las familias que han sufrido su escaso efecto legislativo. Sobre todo en los casos de homicidio voluntario, las leyes desmarcar de manera desmedida al menor de cualquier pena de prisión, siendo la mayor condena tipificada en la ley del menor la siguiente expuesta.

Cuando el hecho revista extrema gravedad, como puede ser homicidio, el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años. Sólo se podrá sustituir, modificar o dejar sin efecto la medida una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento. Dependiendo de la edad concreta se actuará de la siguiente manera:

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta.

Estas son la máximas consecuencias a las que un menor de edad se puede enfrentar en el caso de que cometa un asesinato.

Victimas como Marta del Castillo, 17 años (Presuntos asesino: Miguel Carcaño Delgado con 20 años y presuntos cómplices: Samuel Benítez Pérez, 20 años y Javier García Marín, alias "El Cuco" con 15 años),

Sandra Palo, 17 años (Asesinos juzgados: Francisco Javier Astorga, con 18 años, Ramón Santiago Jiménez y José Ramón Manzano, ambos de 17, y Rafael García, de 14.),

Maores, 14 años (Asesinos: Sergio y Luis, 14 años, encontrar sus apellidos es prácticamente imposible).

Clara García 16 años (Asesinas: Raquel Carlés e Iria Suárez, de 16 y 17 años),

y como olvidar a uno de los homicidas menor de edad más sonado en los últimos años, el asesino de la katana, que con 17 años quito la vida a sus padres y a su hermana de 9 años, con Síndrome de Down.

Todos estos asesinos han sido juzgados aplicando la ley del menor, y su pena máxima a cumplir ha sido de 5 años en un centro de internamiento que en ocasiones se ha visto reducida por buen comportamiento. Sin embargo, otros, como el Rafita, asesino confeso de Sandra Palo, ha reincidido en diversas ocasiones ya siendo mayor de edad, y sus entradas y salidas de prisión son constantes.

Es increíble como se puede juzgar de esta manera tan injusta a asesinos que, aun siendo menores de edad, cometen delitos propios de adultos, no siendo juzgados como tal.

 

Esto, aunque muchos intenten hacernos creer que es justicia, no es más que una carcajada no disimulada en plena cara de los familiares de las víctimas, que lejos de ver como la justicia los condena proporcionalmente al delito cometido, les protegen de ser juzgados como adultos o de lo que debería ser, en algunos casos, una cadena perpetua o una pena de muerte incuestionable.

Y las reformas continúan según los organismos competentes, pero los cambios no se ven, y siguen muriendo menores a manos de otros menores que no son ni siquiera honrados por la justicia. Es imposible no cuestionarnos que pasaría si las victimas fuesen hijos de políticos en el poder, Dios no lo quiera, pero quizás esto despertase a algún aletargado.

Hay dos maneras de honrar a los muertos, rezar y hacer justicia. Esperemos que el gobierno reaccione en este aspecto, antes de que algún padre, madre o hermano lleno de ira por la pérdida, no dicte sentencia con su propia ley.

Desde aquí mostramos todo nuestro apoyo a las familia de las víctimas, que sin duda, nunca olvidarán que pasó, solo les queda aprender a vivir con ello.